Los muertos por lo represión en Cochabamba ya son 9 y hay más de 120 heridos. Desde las elecciones se contabilizan 14 personas fallecidas por impactos de balas de la policía y las Fuerzas Armadas. El planteo contra lo dispuesto por el gobierno de facto fue promovido por la Defensora del Pueblo boliviana.
La defensora del Pueblo de Bolivia, Cruz Tarifa, presentó un pedido de inconstitucionalidad del decreto 4078 firmado por la autoproclamada presidente Jeanine Áñez, que exime a las fuerzas armadas de responsabilidad penal para reprimir las movilizaciones contra el golpe de Estado. «Hay que recordarles a los policías y militares que consideren que este decreto les da un margen de protección que no es así», advirtió la defensora del pueblo y exigió no olvidar los muertos ocurridos en Cochabamba el viernes pasado. Por el momento, la Justicia boliviana solo ordenó la detención de 9 cocaleros y un dirigente del MAS.
El decreto que consiguió la rápida por la comisión Interamericana de los Derechos Humanos, fue firmado por Áñez en la mañana del sábado, tras la masacre producida por la represión con los sindicatos de los Cocaleros en la cuidad de Sacaba, a pocos kilómetros del centro de Cochabamba. La defensora del Pueblo confirmó que hubo 9 muertos y 122 heridos tras la represión, «el número más alto» de víctimas desde que la violencia comenzó a escalar en Bolivia tras las elecciones del 20 de octubre.
Tarifa, en diálogo con FM La Patriada, precisó que desde las elecciones se produjeron 23 muertes, pero 14 de ellas ocurrieron, por impactos de bala, a manos de policías y militares desde el golpe de Estado, mientras que el resto ocurrieron por enfrentamientos entre civiles.
La defensora desmintió «absolutamente» la versión oficial repetida por medios bolivianos y algunos argentinos sobre que las muertes de Sacaba fueron provocadas por armas de fuego en manos de los cocaleros. «No existe un solo policía ni un solo militar que haya perdido la vida», resaltó la defensora y agregó que en los hospitales tampoco había registrados heridos de gravedad entre los agentes de las fuerzas.
Los medios bolivianos consignaron este lunes que el fiscal de Sacaba ordenó encarcelar a nueve cocaleros que participaron de la movilización y le otorgó prisión domiciliaria a un vocero del MAS, a quien además le prohibió mantener contacto con organización sociales y políticas. A todos se los acusa de «atentados contra la seguridad del Estado y alzamiento armado».
«El Ministerio Púiblico debe determinar las responsabilidades, esperemos que esa investigación sea oportuna para esclarecer lo sucedio. En Bolivia no tendría que haber impunidad y dejar estas muertes en el olvido», exigió la defensora del Pueblo.
Ante la carta blanca que significa para militares y policías el decreto 4078 del gobierno autoproclamado, Tarifa adelantó que la Defensoría estaba presentado un pedido de inconstitucionalidad y le recordó a los integrantes de las fuerzas que a la larga el decreto no les daría ningún margen de protección.
«El decreto no considera las garantías mínimas establecidas en nuestro marco constitucional y en el sistema internacional de derechos humanos. Estos delitos deben considerarse como ordinarios y van a ir al sistema de justicia penal. Vamos a insistir como Defensoría para que haya un procesamiento y sanción», aseguró Tarifa.
Tensión en la frontera
Sin explicaciones, así como llegaron, las patrullas del Ejército boliviano que ayer habían ocupado las cercanías del límite internacional abandonaron esta mañana la frontera con Argentina, en San José de Pocitos.
La actividad en el paso internacional que une a la localidad argentina de Profesor Salvador Mazza con la boliviana San José de Pocitos volvió a su normalidad hoy luego de la retirada de los miembros del Ejército de Bolivia que ayer se apostaron a metros del límite internacional sobre el puente que une ambos centros urbanos, sobre el río Caraparí.
El Ejército había apostado soldados de guardia en la puerta de la oficina de Migraciones del lado boliviano en la avenida a metros del límite internacional y en la sede local de la Policía de Bolivia, donde instaló un centro de operaciones.
Una fuente de esa Policía informó que el operativo era parte de tareas de vigilancia en la extensa frontera seca que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia con Argentina. Hubo, indicó la fuente, tareas de vigilancia en la zona de la quebrada internacional, particularmente en el paraje El Sauzal, que fue recorrido por dos móviles del Ejército.
De hecho, vecinos de ese paraje se comunicaron con Costes para denunciar el ingreso de militares al territorio argentino entre las 2 y las 5 de la mañana de ayer, los lugareños dijeron que se movían en dos camionetas. El Sauzal está en territorio argentino, corresponde a la jurisdicción del municipio de Salvador Mazza, pero, como ocurre en otras localidades fronterizas, solo se puede acceder a él desde territorio boliviano.
En la mañana de ayer, aparentemente cumplido su desconocido objetivo, el Ejército se retiró de la zona limítrofe, con lo que se volvió a la normalidad. “Está todo tranquilo, normal”, sostuvo Costes.
De todos modos, el intercambio entre Salvador Mazza y Pocitos sigue muy resentido, como consecuencia del temor que la violenta acción de los golpistas bolivianos ha generado en la población.
A esto se sumó el feriado argentino de ayer, por lo que no se pudo apreciar en esta jornada si el habitualmente intenso intercambio de bagayeros de uno y otro lado se mantendrá con cierta normalidad.
La presencia del Ejército boliviano había provocado inquietud en ambos lados de la frontera. Costes describió que la actitud de los soldados fue hostil, apuntando hacia las personas con sus armas largas, y añadió que cuando se apostaron a metros de la línea imaginaria que separa a los dos países, apuntaban sus armas hacia el lado argentino.
La presencia del Ejército boliviano también se dio en la ciudad de Villazón, que limita con La Quiaca, en Jujuy.
